En 1986 siendo ministro de sanidad Ernest Lluch Martín, la ley general de sanidad no permitía la entrada de empresas privadas más que de forma puntual; aparte, para recibir atención sanitaria sólo se exigía ser residente. Esta situación impedía el ánimo de lucro en la sanidad publica, por lo que Felipe González nombra ministro de sanidad a Julián García Vargas, para cambiar por completo esta situación.
El 25 de Septiembre de 1991, el PSOE gobernando con mayoría absoluta presentó un informe en el Congreso de los Diputados denominado Informe Abril, nombrado así por uno de los apellidos de Fernando Abril Martorell que fue quien lo presentó. En él se hablaba de un agotamiento del servicio público de la sanidad, por lo que era necesario abrir la puerta a la sanidad privada, iniciando la externalización de servicios sanitarios, e impulsando la gestión privada de centros sanitarios. Este informe era tan capitalista que la propia militancia, y muchos de los entonces diputados del Partido Socialista Obrero Español, se negaron a dar el más mínimo apoyo a un documento que era en esencia totalmente neoliberal, por lo que nunca llegó a ser votado en sesión parlamentaria.
No obstante, Julián García Vargas y José Antonio Griñán Martínez, como ministros de sanidad iniciaron su aplicación en silencio, privatizando servicios de limpieza, cocina, lavandería, ambulancias... De esta manera hasta la fecha de hoy, el PSOE continuamente ha privatizado no sólo la sanidad pública, sino también la educación, siendo España uno de los países de la Unión Europea que más colegios privados y concertados tienen en funcionamiento. De este modo, el PSOE legalizó la privatización de la sanidad pública.
El 22 de enero de 1993, el Consejo de Ministros de Felipe González Márquez, aprobó el Real Decreto denominado "Financiación Selectiva de Medicamentos" decreto que se conoce popularmente como el "Medicamentazo", por el cual se consiguió reducir la factura de farmacia del sistema público de salud, excluyendo cerca de 800 medicamentos de la receta de la Seguridad Social, como algunos analgésicos, anabolizantes, antiflatulentos y cremas para dermatitis leves que los afectados deberán pagar completamente, sin ningún tipo de ayuda pública.
1997 el Partido Popular pactó con el PSOE, CIU, Coalición Canaria, y PNV la ley 15/97, que seguía claramente el camino marcado por el PSOE en su informe Abril. Por una parte se decía públicamente que lo que se pretende es modernizar la sanidad pública, mientras por otra se permitió la entrada en la sanidad pública de numerosas empresas privadas a título lucrativo. En este momento comienza el desmantelamiento y deterioro del Sistema Nacional de Salud, privatizándose las áreas más rentable como los laboratorios, diagnostico por imagen... mientras que todo aquello que a la empresa privada no le renta beneficio, es derivado a los centros públicos, como son los ancianos, enfermos crónicos, trasplantes complicados, enfermedades raras...
Se cierran centros públicos que se sustituyen por centros privados, elevando a medio plazo el coste por cama. A pesar que no se hace frente a la construcción del hospital, en un periodo de tiempo no demasiado largo el coste comienza a ser sustancialmente más caro para las arcas públicas. El presupuesto total destinado a los hospitales privatizados en un periodo de 50 años, representa hasta 7 veces más de lo que se hubiera gastado en ese periodo en uno completamente público; o lo que es lo mismo: en esos 50 años, con el mismo presupuesto gastado, se hubieran podido construir 7 hospitales.
En todo este proceso de desmantelamiento de la sanidad, es apoyado públicamente por el sindicato CCOO, mientras UGT por su parte se calla, y no protesta.
2008 se presentan 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados para que se derogue la ley 15/97, sin embargo, ningún ministro de sanidad, ni mucho menos el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapateso quiso recibir a quienes presentaron tal cantidad de firmas. Mientras tanto en todas las comunidades autónomas se continuaba el desmatelamdo la sanidad publica, tanto en las comunidades gobernada por el PP, como en las gobernadas por el PSOE. No obstante, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, logró el 24 de noviembre de 2009, que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara la toma en consideración de la propuesta de reforma de la ley que hasta ese momento permitía la privatización, ocasión en la cual el PSOE pudo modificar la ley 15/97, o incluso derogarla, pero no hizo absolutamente nada. Al disolverse las cortes se archivó el tramite de ley por encontrarse completamente abandonada. En la siguiente legislatura en la que gobernó también el PSOE, no se retomó la iniciativa de ley abandonada, ni se presentó ninguna enmienda, si se paralizó ninguna privatización.
2011 José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas i Gavarró, pactan la cesión la propiedad de los inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social, hospitales y centros de atención primaria a las comunidades autónomas, que podrán venderlos para otros fines, sin garantizar que se siga atendiendo adecuadamente a la población.
Cuando el PSOE pierde las elecciones en 2011, organiza numerosas plataformas para defender la sanidad pública, justo en el momento que ya no gobierna. Trinidad Jiménez García-Herrera, ministra de Sanidad del 7 de abril de 2009 al 20 de octubre de 2010, declaró ante los medios de comunicación: “Lo que no vamos a hacer en ningún caso es ser cómplices, de este desmantelamiento del sistema nacional de salud, que se esta provocando con estos anuncios continuos de recortes en un ámbito tan sensible” sin embargo, en el año y medio en el que fue ministra de sanidad, continuó apoyando el lucro de empresas privadas dentro de la sanidad pública.
Con el real decreto 16/2012 el Partido Popular de Mariano Rajoy Brey, continuó la línea marcada desde el PSOE, aprobando el copago farmacéutico por el cual los medicamentos son pagados en parte por los enfermos, como el transporte no urgente, prótesis... Cambiándose además el derecho a la atención sanitaria, pasando de ser por la residencia, a tener carácter de asegurado. El Sistema Público de Salud pierde eficiencia y se restringen los derechos, de modo que las personas que se encuentre en desempleo pueden ser dados de baja, retirarles la tarjeta sanitaria, por lo que sólo podrán acudir a un sistema de beneficencia, estableciéndose un sistema sanitario de calidad para las personas que se lo puedan costear, y otro para quienes no.
Estos recortes en la atención sanitaria no trajo consigo una reducción en la factura pública de sanidad, y en consecuencia la reducción de impuestos a la ciudadanía, sino que aumentaron impuestos como el IVA, que paga toda la población, aumentado al mismo tiempo el gasto público en sanidad debido a la privatización, aún cuando la calidad de la atención no ha dejado de empeorar continuamente.
| Arsenio Mayo - Ernesto Sarabia |
